Una autoridad mal ejercida, pone en riesgo al pueblo.
POR FELIX BETANCES.
La palabra “autoridad” significa: “poder que gobierna o
ejerce el mando”; de lo que se infiere o se entiende, que son aquellas personas
que están legítimamente investidas del suficiente poder para dirigir los
destinos de un pueblo.
En tal sentido, es bueno conocer que el ejercicio del poder
por parte de quienes tienen el compromiso de gobernar; de ninguna manera puede
circunscribirse al antojo de sus
caprichos o pareceres; sino que están en la obligación de aplicar dicho
ejercicio, apegados estrictamente dentro de los que les establecen las
facultades legales, con equidad y pleno control de su manejo; es decir con
transparencia meridiana.
En las últimas semanas, han ocurrido algunos hechos en el municipio de Santa Cruz de Barahona, que según
lo que se ha podido apreciar, dejan mucho que desear de las autoridades locales;
especialmente en lo que puede definirse como un mal manejo o falta de control
en el mismo ante dichos acontecimientos, como si desconocieran cuáles son sus
deberes.
Veamos algunos casos:
Se ha repetido en parte, la historia de hace algunos años,
cuando fueron cortados varios árboles de Caoba en el Malecón de Barahona, con
la única justificación de que serían sustituidos por variedades exóticas de
diferentes especies de palmeras, lo cual sin entrar en muchos detalles, resultó
en un verdadero fracaso. Es bueno aclarar que esta vez, no ha sido para sembrar
otras especies, sino con otros argumentos.
Se cuestionó en esa ocasión, que dichos árboles no estaban
enfermos ni secos; pero además se cuestionó el hecho de que la madera producida
por los mismos, no se supo a que destino fue a parar.
En la actualidad, la Alcaldía Municipal solicitó un permiso a
la Dirección de Medio Ambiente para el corte de unos tres árboles de la misma
especie, los cuales estaban visiblemente en muy mal estado, convirtiéndose en
un peligro para los transeúntes; uno ubicado en el Malecón y dos frente a la
Fortaleza Vieja de aquí, en la Calle Colón. Hasta el momento se han cortado
dos.
La dirección de Medio Ambiente concedió el permiso, previo envío
de una comisión técnica para hacer la evaluación de lugar, aunque dicha
solicitud no estuvo firmada por el
Encargado de la Unidad de Gestión Ambiental (UGA), sino por el Director de
Recursos Humanos, (Debió firmarla el segundo, por tratarse de un problema
ambiental y no de personal o administrativo), con la condición de que la madera
fuera entregada a Medio Ambiente, donde hemos comprobado que está depositada,
no sin antes haber generado esto, algunos inconvenientes entre personas
particulares que estaban interesadas en que se les entregara dicha madera.
En ocasiones anteriores hemos sugerido que al cortar un árbol
de esa condición, sea sustituido por otro de la misma especie, por razones
entendibles, cosa que hasta ahora no ha sido tomada en cuenta; que si las
condiciones exigen el corte, se haga pero con el merecido criterio y
responsabilidad.
Otro caso es el de la autorización y hasta el apoyo logístico
otorgados por las autoridades locales, Ayuntamiento, Obras Publicas, Medio
Ambiente, Turismo entre otras, a un comerciante del Malecón, para la construcción
de un Muro de contención en la Avenida Enriquillo, próximo al Puente, el cual
argumentó que solo lo haría para proteger el aproche de dicho puente y
embellecer el área; pero luego éste inició la construcción de un local
comercial, para lo cual según se sabe, no cuenta con ningún permiso; generando
esto una gran dificultad entre dicha persona y las referidas autoridades, las
cuales no han enfrentado con transparencia la situación.
Por último nos referiremos a un supuesto permiso otorgado por
las autoridades de la Alcaldía Municipal a otro comerciante local ubicado también
en el Malecón y dueño de una Estación Gasolinera de reciente instalación,
ubicada en la Avenida Enriquillo, esquina Dr. José Francisco Peña Gómez, con la
finalidad de reducir aproximadamente unos doce metros de la isleta divisoria,
solo para permitir la facilidad de acceso a su negocio, y en perjuicio de los
usuarios de dicha vía; lo que a todas luces, convierte en un peligro el tránsito
en el lugar y que de hecho ha concitado el repudio de parte de la población. Esto
debe ser aclarado o justificado no simplemente por el Alcalde, sino por la Sala
Capitular en su conjunto.
En consecuencia, entendemos que las autoridades deben actuar
con más comedimiento y justeza, pero con plena diafanidad, a fin de que sus
actuaciones no se conviertan en focos de cuestionamientos y de disgusto por
parte de quienes se sienten afectados, en lugar de sentirse debidamente
representados, ya sean personas o instituciones como ha sido el caso de SOEBA,
la cual ha fijado posición en contra de todo esto.
Finalmente les exhortamos a que bajo ninguna
circunstancia, actúen de espaldas al pueblo al que representan y al cual se
deben.
